Tiranía de las minorías disimulada como nuevas formas de igualdad
Buenos Aires, 27 Jul. 10 (AICA).- “Se está construyendo ininterrumpidamente un andamiaje jurídico a través de normas sacadas de apuro y a presión, que contradicen los valores de la inmensa mayoría de la población y que lisa y llanamente tienden a tratar de arrinconar, so pretexto de ‘laicidad del Estado’, a los valores cristianos mediante el ocultamiento y a evitar su práctica como si fueran algo nocivo o peligroso”. Así lo expresa un comunicado Pro-Vida, en el que se denuncia una “tiranía de las minorías, aunque se disimule como ‘nuevas formas de igualdad’ ”.
El texto, firmado por el doctor Roberto Castellano presidente de esa ONG, denuncia: “Un médico que se niegue a matar un bebé mediante un aborto, o que no se preste a mutilar a una persona con una operación esterilizante o no prescriba abortivos; o una docente que enseñe que la recta sexualidad natural incluye varón y mujer como complementarios y no una multiplicidad de combinaciones mediante una nueva moralidad polimorfa, o un funcionario registral que no se preste para celebrar pseudomatrimonios entre personas del mismo sexo o un juez que entienda, según su fe, que la adopción es un instituto en beneficio de los niños básicamente y que es justo que puedan tener padre y madre, son pasibles de ser denunciados y perseguidos por ‘discriminadores’ ”.
Y advierte que “esta peligrosa escalada de violencia moral y política, no sólo desconoce los antecedentes que dieron origen a la formación de nuestra Patria sino que impiden garantías constitucionales a vivir y practicar, tanto en privado como en público, los valores que la Ley Suprema garantiza, impidiendo la objeción de conciencia ante su atropello sino se presta el concurso para ello”.
Texto completo del comunicado:
Los cristianos no pueden ser obligados a actuar contra su fe
Hace más de 500 años que llegara el Cristianismo a América. Allí abreva el origen católico de nuestra Patria. No en vano, Belgrano se inspira en los colores del manto de la Virgen para crear la bandera nacional y la designa generala de su ejército. San Martín, el Libertador, ordena a sus tropas quemar la lengua de los que se atrevan a blasfemar el nombre de la Madre de Dios. 20 eran los sacerdotes que bajo la cruz proclamaron la Independencia en el Congreso de Tucumán el 9 de Julio de 1816. El preámbulo de la Ley suprema del Estado, la Constitución, invoca la protección de Dios “Fuente de toda razón y justicia” y en los artículos 2 y 14 se manda al gobierno federal sostener el culto católico, apostólico romano y que se pueda profesar libremente.
Lo dicho y la labor evangelizadora de la distintas órdenes, dió como resultado una sociedad que en más del 90 % se reconoce en Cristo. Por eso hoy verificamos que se está construyendo ininterrumpidamente un andamiaje jurídico a través de normas sacadas de apuro y a presión, que contradicen los valores de la inmensa mayoría de la población y que lisa y llanamente tienden a tratar de arrinconar, so pretexto de “laicidad del Estado”, a los valores cristianos mediante el ocultamiento y a evitar su práctica como si fueran algo nocivo o peligroso.
Un médico que se niegue a matar un bebé mediante un aborto, o que no se preste a mutilar a una persona con una operación esterilizante o no prescriba abortivos; o una docente que enseñe que la recta sexualidad natural incluye varón y mujer como complementarios y no una multiplicidad de combinaciones mediante una nueva moralidad polimorfa o un funcionario registral que no se preste para celebrar pseudomatrimonios entre personas del mismo sexo o un juez que entienda, según su fe, que la adopción es un instituto en beneficio de los niños básicamente y que es justo que puedan tener padre y madre, son pasibles de ser denunciados y perseguidos por “discriminadores”.
Esta peligrosa escalada de violencia moral y política, no sólo desconoce los antecedentes que dieron origen a la formación de nuestra Patria sino que impiden garantías constitucionales a vivir y practicar, tanto en privado como en público, los valores que la Ley Suprema garantiza, impidiendo la objeción de conciencia ante su atropello sino se presta el concurso para ello.
De tal modo, se llega a la tiranía de las minorías, aunque se disimule como “nuevas formas de igualdad”. En la práctica, es un avallasamiento al sentimiento ancestral y mayoritario del pueblo argentino ignorado o traicionado, en muchos casos, por quienes se arrogan su representación.
Buenos Aires, 27 de Julio de 2009.-
Dr. Roberto Castellano
Presidente de Pro-Vida (ONG)
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